La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tomado la determinanción de sancionar con 1,72 millones de euros a siete concesionarios de automóviles de la marca Chevrolet y a una empresa de consultoría comercial por una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, constitutiva de un cártel.
Esta resolución sigue las dictadas por esta entidad el pasado año contra otros concesionarios por comportamientos parecidos. También en esos casos, la participación de una empresa independiente de consultoría, contratada por los propios concesionarios, fue determinante para evaluar el seguimiento de los acuerdos en el seno del cártel.
Esta resolución sigue las dictadas por esta entidad el pasado año contra otros concesionarios por comportamientos parecidos. También en esos casos, la participación de una empresa independiente de consultoría, contratada por los propios concesionarios, fue determinante para evaluar el seguimiento de los acuerdos en el seno del cártel.En este caso, la CNMC considera acreditado que los concesionarios: Autotodo, Corredor Gil Motor, Motor Aluche, Roauto, Roceña de Turismos, Seligrat de Automoción (Seliauto) y Talleres Prizán, con la colaboración de la empresa de consultoría A.N.T. Servicalidad, acordaron la fijación de precios y otras condiciones comerciales, e intercambiaron información comercial sensible, desde, al menos, enero de 2011 hasta el mismo mes del año siguiente.
Subrayar que empresa ANT Servicalidad jugó un papel clave en la estructura del cártel, ya que conseguía información a través de visitas de evaluadores que se hacían pasar por potenciales compradores.
Esta consultora, contratada por los concesionarios, realizaba informes mensuales sobre las ofertas económicas obtenidas, que posteriormente eran puestas a disposición del resto de los integrantes del cártel.
Estas conductas limitaron la competencia entre distribuidores de vehículos de la marca Chevrolet con el consiguiente perjuicio para el consumidor.
La CNMC ha acreditado que el cártel actuaba en la denominada zona de Madrid, que incluye a varios concesionarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid y uno en la provincia de Guadalajara.
